Nota Informativa 18 mayo 2020. Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Sesión 18-05-20)

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Ref.: 355

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía inicia su tramitación

La norma facilitará la generación de riqueza y empleo, agilizará los trámites y será un revulsivo económico frente al Covid-19

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar el procedimiento de elaboración del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) e iniciar los trámites de audiencia e información pública, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Esta ley quiere contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo de Andalucía mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares. Para ello, garantizará, por este orden, la viabilidad social, ambiental y económica de todas las actuaciones urbanísticas en la comunidad autónoma.

Esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, comparte la misma filosofía de reducción de la maraña administrativa del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. En esta línea, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos.

Con ello, se propone una revisión integral del actual escenario legislativo, que se caracteriza por su dispersión, además de generar inseguridad jurídica a ayuntamientos y particulares. La LOUA, además, ha sufrido hasta 11 modificaciones en 18 años que han enmarañado aún más la normativa urbanística. Frente a ello, se dotará de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar su conocimiento a sus destinatarios.

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía inicia su tramitación en el difícil contexto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 y, dado su impacto sobre la economía, se realizará por el procedimiento de urgencia por razones de interés público, ya que se pretende que conlleve efectos económicos indirectos de empleo y riqueza. Este trámite de urgencia, que

recorta los plazos a la mitad, se hará sin menoscabar la participación ciudadana ni la intervención de los distintos órganos y administraciones implicados.

La LISTA tiene como cometido flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual. En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%. Además, se adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal.

La ley incorporará también la perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica a la planificación territorial y urbanística y se añadirán directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje. A su vez, agilizará los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, se reduzca a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales.

También se marca como objetivo un sistema de planeamiento en función del tamaño y dinámica de los pequeños municipios y la incorporación de mecanismos de gestión urbanística adecuados a la población, capacidad y problemática de los municipios, con el fomento de la colaboración público-privada en la ejecución del planeamiento. Además, se articulará un modelo de planes urbanísticos menos rígido, atribuyendo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, y no al instrumento de planeamiento general, la ordenación detallada de cada ámbito.

Esta ley, además, incluye el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, ratificado en el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.

Nueva definición de suelo

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía plantea una nueva regulación que distingue entre suelo urbano y suelo rústico. En el suelo rústico se distinguen:

  • Suelo rústico especialmente protegido: aquellos que requieren tal condición por aplicación de la legislación sectorial (de aguas, medio ambiente…).
  • Suelo rústico preservado por existencia de riesgos: están afectados por algún tipo de riesgo (medioambientales, sísmico, deslizamientos…).
  • Suelo rústico preservado por ordenación territorial y/o urbanística: cuya transformación es necesaria preservar (por motivos paisajísticos, agrícolas…).
  • Suelo rústico común: el natural o rural conforme a la ley vigente y el susceptible de transformación urbanística si cumple los requisitos de los planes de ordenación urbana y el plan territorial.

Esta ley también establece como novedad un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan de Ordenación Municipal, que marca el modelo general de ordenación del municipio; y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente; para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. Además, incorpora instrumentos de segundo nivel, como los Estudios de Ordenación, para atender las necesidades de renovación urbana en suelo urbano, y los Proyectos de Actuación municipal, con objeto de regular usos en los terrenos en que se propongan actuaciones extraordinarias en suelo rústico.

Se impulsa el papel de la iniciativa privada de carácter empresarial en la gestión y ejecución de planes, en las actuaciones de transformación urbanística y en el suelo urbano, removiendo trabas innecesarias, pero siempre garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Respecto a la ejecución urbanística, se establece una modalidad simplificada del sistema de compensación, permitiendo tramitación simultánea del instrumento de ordenación, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.

Meses de trabajo

El inicio de la tramitación se produce tras un año de intenso trabajo en el que se ha promovido la participación y se ha contado con la opinión de expertos y entidades en materia urbanística.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del 7 de mayo de 2019, acordó instar a la Consejería a impulsar una nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, acogiendo con ello una demanda generalizada de los agentes implicados en la ordenación territorial y la actividad urbanística.

 

La reactivación de la obra pública por Fomento creará cerca de 1.400 empleos

La Consejería movilizará este mes 115 millones en expedientes que quedaron paralizados desde el inicio del estado de alarma

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio reanuda este mes contratos por importe de 115 millones de euros, que permitirán la generación de unos 1.400 puestos de trabajo. Desde que se levantaron hace una semana las suspensiones de los procedimientos de contratación pública, paralizados desde el 14 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía ha movilizado casi 30 millones en expedientes para la construcción de infraestructuras y rehabilitación de viviendas.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19), dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de los contratos de las entidades del sector público. Esta suspensión tuvo especial incidencia en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación, donde la contratación de obra pública cobra una importancia de primer orden. La aplicación de esta disposición afectó, de hecho, a contratos por importe de 213,5 millones.

Esta paralización cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta el peso de la licitación de obra pública en Andalucía, que fue de 2.491 millones de euros en 2019, según datos de Seopan. La Junta de Andalucía contribuyó con 1.349 millones y se situó como la administración autonómica con mayor montante de licitación, por delante de Madrid (1.056 millones) y Cataluña (796,2 millones).

Dada su relevancia, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha reactivado las mesas de contratación a los pocos días de levantarse la suspensión, el pasado 5 de mayo. Sólo la semana del 11 al 15 de mayo se movilizaron expedientes por un montante de 29,8 millones de euros.

Dentro de los contratos reactivados, figuran la ampliación de los metros de Sevilla y Granada, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, la segunda fase de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en

Málaga; la ampliación y mejora de la seguridad vial de la carretera A-483 en su tramo entre Almonte y la variante de El Rocío; los contratos de mantenimiento y limpieza previos a la puesta en servicio del tranvía de Cádiz; las obras compensatorias del Metro de Granada en el eje Arabial-Palencia y los Paseíllos Universitarios de la capital nazarí, la urbanización del Polígono Industrial El Carpio (Córdoba) o la remodelación de la zona náutico-deportiva del puerto de Adra (Almería), entre otros expedientes.

Además, la Consejería de Fomento ha reanudado una decena de contratos, por 8,9 millones de euros, para la rehabilitación del parque público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que beneficiarán a 378 viviendas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga, y a espacios públicos del entorno de dos barriadas en alquiler de la Junta en Huelva y Jaén.

Generación de empleo

A esta primera remesa se sumarán en lo que queda de mayo nuevos expedientes que elevarán a 115 millones de euros el montante de contratación pública reactivado por la Consejería de Fomento. Estas obras servirán de motor de generación de empleo, con una previsión de 1.380 nuevos puestos de trabajos.

La ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil, la redacción del proyecto de construcción del tramo de la Autovía del Olivar entre Martos y la A-6051 (Jaén), la construcción de un carril BUS-VAO entre Camas y Sevilla, la rehabilitación del puente en Villa del Río (Córdoba) o la redacción del proyecto de mejora de la carretera A-483 entre la variante de El Rocío y Matalascañas (Huelva) figuran entre los contratos que se retomarán en las próximas dos semanas.

También se lanzará una batería de contratos para la mejora de la seguridad vial en tramos de la red autonómica en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, además de la redacción del proyecto de mejora de la carretera entre Martín de la Jara y Osuna (A-378), en la Sierra Sur de Sevilla.