NI 17 de Febrero de 2017 . Es realmente libre la decisión del proveedor de renunciar al cobro de intereses

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Sevilla, 17 de Enero  de 2017

                                  

 

 

Sección: Fiscal    

 

 

“Expansión”, Viernes 17 de Febrero de 2017

Pago a proveedores con “renuncia consentida”

 

Sabiniano Medrano y Natalia Valle

Socio de EY abogados / Senior manager de EY abogados

 

En el año 2012, el Gobierno trató de poner remedio a la entonces tremenda morosidad de las Administraciones Públicas. Así, entre otras medidas, dispuso el mecanismo extraordinario de financiación de pago a proveedores. Sin duda, un paso decisivo para aliviar la situación de miles de contratistas que veían con temor e incertidumbre cómo sus facturas quedaban pendientes de pago durante larguísimos periodos de tiempo.

 

Según datos del Banco de España, el promedio de pago alcanzaba los 181 días en el caso de las comunidades autónomas y 109 días en el caso de las Entidades Locales. Pero en algunos sectores este promedio se disparaba: en las deudas a los proveedores de medicamentos y productos sanitarios el plazo medio de pago era de 470 días y algunas entidades deudoras sobrepasaban los 600 días. Tras la ejecución de la primera fase del mecanismo en el año 2012, la factura comercial de la Administración Pública se redujo en casi un 55%. Las siguientes fases del mecanismo liquidaron las obligaciones acumuladas hasta el año 2014.

 

Sin embargo, cobrar a través de este mecanismo tenía un inconveniente. Según sus normas, cada proveedor podía acogerse voluntariamente a la posibilidad de cobrar sus facturas pendientes, pero asumía que, si lo hacía, se producía también la extinción de su derecho a los intereses de demora acumulados. Muchos proveedores, la gran mayoría, aceptaron y aliviaron mediante el cobro su tesorería, pero tuvieron que afrontar la pérdida de la nada despreciable suma a que ascendían los intereses de demora devengados con arreglo a la normativa, de raíz comunitaria europea, de lucha contra la morosidad. La acuciante situación financiera en que muchas empresas se encontraban –incluso situaciones de inminente insolvencia, en plena crisis– estrechaba el margen de decisión.

 

Más tarde, algunos de los que se acogieron al mecanismo reclamaron ante los tribunales los intereses de demora “extinguidos”, pues consideraron que esa “condonación” de los intereses moratorios infringía la Directiva de morosidad. En uno de esos casos, el juez que tenía que resolver el asunto planteó una cuestión prejudicial, es decir, “consultó” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este aspecto del mecanismo era compatible con el Derecho europeo.

 

El TJUE se pronuncia mediante Sentencia de ayer, declarando que “la Directiva 2011/7/UE (…) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al juez nacional.

 

Cuestión no zanjada

La Sentencia ha tardado en dictarse más de lo habitual –lo que sugiere discusión en el seno del Tribunal–, es muy breve y contiene un pronunciamiento que no zanja la cuestión de manera inequívoca. Por una parte, declara que el mecanismo dispuesto por el Gobierno español (cobrar ya, pero con pérdida de los derechos a intereses moratorios y a compensación por costes de cobro) no se opone, en sí mismo, a la Directiva; pero, sin embargo, añade que para que esto sea así –es decir, para que no se oponga– tiene que darse la condición de que “la renuncia sea libremente consentida”.

 

Por tanto, la cuestión se desplaza a la posición subjetiva concreta del acreedor que se acogió al mecanismo. A falta de un estudio más reposado de la Sentencia, cabe anticipar que su pronunciamiento conduce a que cada acreedor, si está interesado en reclamar esos derechos accesorios, deberá examinar su caso concreto: ¿consintió libremente? No es, claro está, una cuestión fácil de resolver. Habrá que averiguar cuál era el margen de libertad, de decisión, de que disponía. Si no acogerse era una alternativa realmente practicable, en términos de las consecuencias que comportaba. En todo caso, si el acreedor plantea su reclamación y –como es de esperar– la Administración la rechaza, será el juez nacional el que deberá resolver caso por caso, sobre la base de las alegaciones y pruebas que se formulen y practiquen.

 

Si alguien pensaba que estas cosas son blancas o negras, ya se ve que estaba equivocado…

 

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Montoro gana la batalla judicial a los proveedores en la UE

SENTENCIA/ El Tribunal Europeo valida que Hacienda no pague los intereses de demora a los proveedores, pero abre la vía a que se pueda pleitear para reclamarlos ante los tribunales españoles.

 

  1. Roig / J. M. Lamet / M. Serraller

Las empresas que cobraron las deudas de la Administración Pública con el plan de pago de proveedores lo tendrán complicado para reclamar los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, según una sentencia publicada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

 

El plan de pago a proveedores creado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitía a las empresas cobrar anticipadamente las facturas por servicios y bienes prestados a la Administración, a cambio de renunciar a las compensaciones asociadas al retraso del pago. Un juzgado de Murcia envió una cuestión prejudicial al TJUE preguntando si esas condiciones vulneraban el derecho europeo. La respuesta ha sido que no: el plan es legal siempre y cuando no fuera obligatorio adherirse a él.

 

Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, una asociación de patronales creada en 2008, de la sentencia de ayer dependía el pago de hasta 3.000 millones de euros en intereses de demora y costos de cobro.

 

“La normativa de la Unión, en materia de morosidad en las relaciones comerciales, no se opone a que un acreedor renuncie al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación de los costes de cobro a cambio del pago inmediato del importe principal de la deuda, siempre y cuando dicha renuncia haya sido efectuada de manera libre”, asegura la sentencia del TJUE.

 

El Tribunal de Justicia añade que “el encargado de comprobar si la renuncia ha sido libremente consentida es el órgano jurisdiccional nacional” y que para ello es necesario que la empresa haya tenido vías de recurso efectivas para exigir el pago de la deuda, los intereses y los costes de cobro.

 

Pero la propia sentencia del TJUE ya dice que el juzgado murciano que remite la pregunta reconoce “que no es obligatorio acogerse al mecanismo extraordinario de financiación y que los acreedores que deseen obtener el pago no sólo del principal, sino también de los intereses de demora y de la compensación por los costes de cobro, siempre pueden interponer un recurso contencioso-administrativo”.

 

El caso que ha llegado hasta el TJUE es el de la empresa de factoring IOS Finance EFC contra el Servicio Murciano de Salud. IOS Finance compró las deudas de varios proveedores de la sanidad pública de Murcia, se adhirió al plan de proveedores y luego interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, reclamando los intereses y los costes de cobro, alegando que el decreto-ley español que estableció las condiciones del plan es incompatible con el derecho europeo.

 

Los abogados de las empresas interesadas no dan el caso por perdido. Aseguran que la clave está en cómo los juzgados nacionales interpreten que una empresa era libre de acogerse al plan. Juan Tornos, abogado de IOS Finance ECF, cree que el juez puede interpretar que la empresa no tenía libertad para dejar de acogerse al plan de pagos si su situación económica le “obligaba a aceptar las condiciones impuestas por el deudor.

 

Por su parte, Andrés Jiménez, de Eversheds Nicea, afirma que la falta de libertad para decidir “ha de interpretarse en términos económicos” y que podría entenderse que no había libertad para decidir cuando la viabilidad de la empresa estuviera en peligro”.

 

Sin embargo, las versiones en inglés y francés de la sentencia (no en la versión español) parecen indicar que el TJUE está acotando esa libertad a la posibilidad de recurrir legalmente. En español dice que la empresa debe tener “recursos efectivos” para reclamar los intereses, una traducción ambigua. Pero en inglés concreta más y dice que el juzgado nacional debe considerar si las empresas dispusieron de any effective legal remedy [cualquier remedio legal efectivo]. En francés, la versión original, dice que se analice si las empresas dispusieron de toute voie de recours effective [toda vía de recurso efectiva].

 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, una asociación de patronales creada en 2008, se muestra muy crítica con la decisión del TJUE: “Criticamos esta sentencia, porque al determinar que la renuncia a los intereses de demora puede ser voluntaria, no tiene en cuenta la posición de dominio entre la Administración y el proveedor”, señala a este diario el presidente de la asociación, Antoni Cañete.

 

El hecho de que las empresas hayan reclamado deja claro que no hubo voluntariedad, sino que no les quedó otra”, agrega. “En vez de quitar ambigüedades, el Tribunal ha añadido más”, se queja el representante de los proveedores.

 

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NOTA: los subrayados son del remitente