NI 12 de marzo 2018. Ley del embudo fiscal para los políticos

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Sevilla,  12 de marzo  de 2018

                                                                                               

 

Sección: FISCAL    

 

 

“EL MUNDO”, Viernes 9 de Marzo de 2018

 

La bula fiscal de los políticos

 

Félix Bornstein

 

La ley del IRPF (art. 17.1.d) considera rendimientos íntegros del trabajo «las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan».

 

El Reglamento del IRPF (art. 9) exceptúa de gravamen dichas asignaciones (siempre que exista relación laboral) cuando al empleado se le obligue a desplazarse fuera de su centro de trabajo. Además de este requisito, el reglamento exige que el gasto sea normal, es decir, que no tenga el carácter de suntuario. Por ejemplo, las dietas por gastos de manutención no pueden superar la cifra de 53,34 euros diarios (en territorio nacional) o la de 91,53 euros (si el desplazamiento es a territorio extranjero). Dichos límites tienen la finalidad de impedir que las supuestas «dietas» encubran salarios reales (en metálico o en especie) que burlen la sujeción al IRPF.

 

A preguntas de un diputado del Congreso, la Dirección General de Tributos (Consulta Vinculante de 16 de enero de 2018) (*), ha confirmado la obviedad de que el régimen de dietas exceptuadas de gravamen no es aplicable a los dirigentes de los partidos políticos. ¿Por qué? Sencillamente, porque la relación que vincula al dirigente con su partido no es de naturaleza laboral. En el desempeño de su cargo, el dirigente puede desplazarse por todo el orbe conocido, incurriendo en unos gastos de locomoción, manutención y estancia que serán abonados por su partido. Sin embargo, esa retribución está fuera del régimen legal de dietas exceptuadas del Impuesto.

 

Hace un siglo, el cinismo del conde de Romanones le llevó al extremo de reírse de los parlamentarios abiertamente y sin disimulo: «Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos». Esa ventaja del poder ejecutivo y administrativo la aprovecha divinamente la Dirección de Tributos en la consulta mencionada, porque, no obstante, su reconocimiento de que los políticos no tienen una vinculación laboral con sus organizaciones, premia con un regalito sus desvelos por la causa del interés general.

 

La Dirección sostiene que «cabe la posibilidad de que pueda [sic] apreciarse la existencia de un gasto por cuenta de un tercero, en este caso del partido político». La Dirección de Tributos no ve por ningún lado la existencia de un beneficio particular del político, negando por ello la producción del hecho imponible del IRPF (la obtención de una renta) en las asignaciones que recibe en concepto de dietas.

 

Yo matizaría un poco la cuestión. En primer lugar, ¿qué significado jurídico debe atribuirse a la noción de «gastos por cuenta de un tercero»? ¿Se considera un «suplido» o es un milagro de San Jerónimo, que sería un magnífico patrón de los dirigentes políticos? Y lo que es la madre del cordero: ¿por qué las dietas de los trabajadores tienen unos límites cuantitativos mientras que los políticos disfrutan de barra libre? ¿Qué justifica esa discriminación favorable a los profesionales de la política? ¿Sólo tener una buena amiga que se llama arbitrariedad?

 

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NOTA: Los subrayados son del remitente.

(*) A continuación se reproduce íntegramente el texto de la consulta:

NUM-CONSULTA

V0041-18

ORGANO

SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

FECHA-SALIDA

16/01/2018

NORMATIVA

Ley 35/2006, art. 96

DESCRIPCION-HECHOS

Durante 2017 el consultante ha percibido del Congreso de los Diputados los rendimientos del trabajo correspondientes a su condición de exparlamentario (hasta marzo); además como miembro de la dirección de un partido político, este asumía los gastos de desplazamiento y estancia producidos en el desempeño de su cargo en el mismo.

CUESTION-PLANTEADA

Con los datos arriba referidos se pregunta sobre la obligación de presentar declaración por el período impositivo 2017.

CONTESTACION-COMPLETA

Con carácter previo, procede indicar —por lo que se refiere al pago por el partido político de los gastos de desplazamiento y estancia producidos por el desempeño por parte del consultante de su cargo de dirigente del partido— que las denominadas legalmente “asignaciones para gastos de locomoción y para gastos de manutención y estancia” se incluyen con carácter general entre los rendimientos íntegros del trabajo, pero, excepcionalmente y al amparo de la habilitación contenida en el artículo 17.1.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), el artículo 9 del Reglamento del Impuesto (aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE del día 31) exonera de gravamen estas asignaciones cuando las percibe el trabajador por cuenta ajena que, en virtud del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de determinados requisitos reglamentarios. Por tanto, el régimen de dietas y asignaciones para gastos de desplazamiento previsto en el artículo 9 del Reglamento únicamente resulta aplicable a los contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral (estatutaria en el caso de los funcionarios públicos) en la que se dan las notas de dependencia y alteridad.

Consecuentemente, a las cantidades percibidas para compensar los gastos de desplazamiento y estancia en que hubiera incurrido el consultante en el ejercicio de su labor como dirigente de un partido político no les resultan aplicables las normas del artículo 9 del Reglamento del Impuesto, pues no se encuentra vinculado con el partido mediante relación laboral.

No obstante, este Centro viene manteniendo que en casos como el consultado cabe la posibilidad de que pueda apreciarse la existencia de un gasto por cuenta de un tercero, en este caso del partido político, para ello resulta preciso que se cumplan los siguientes requisitos:

1º.- Que el contribuyente no tenga derecho al régimen de dieta exonerada de gravamen en los términos previstos en la Ley y el Reglamento.

2º.- Que los gastos en que incurra, en este caso, el partido político, tengan por objeto poner a disposición del consultante los medios para que este pueda realizar su trabajo de dirigente, medios entre los que se encuentran los necesarios para su desplazamiento y estancia.

Entendiendo que en el caso consultado nos encontramos ante “gastos por cuenta de un tercero” en los términos señalados, por lo que no existiría ningún beneficio particular para el consultante, no realizándose por tanto el hecho imponible del impuesto (obtención de renta por el contribuyente), la obligación de declarar vendrá determinada por la regulación que al respecto se recoge en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se establece lo siguiente:

“1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 12.000 euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los siguientes supuestos:

a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley.

c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

(…)”.

Por tanto, y delimitando el asunto a los datos referidos en la descripción sucinta de los hechos (percepción de rendimientos del trabajo en condición de exparlamentario), el consultante no estaría obligado a presentar la declaración del Impuesto si estos rendimientos del trabajo no superaron en 2017 el límite de 22.000 euros que se recoge en la letra a) del apartado 2 de este artículo 96.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).