La última edición de Foro Gaesco ha tenido como invitado al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que que ha sido presentado por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.
Nieto ha presentado el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 a un centenar de representantes de empresas, entidades financieras, despachos de abogados, estudios de arquitectura y colegios de ingenieros. Entre ellos se encontraban el presidente y el gerente de Gaesco, Francisco Martín y Juan Aguilera respectivamente; los máximos dirigentes de Fadeco Promotores y Fadeco Contratistas, Ignacio Peinado y Rafael Sánchez Alcalá; el presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, Beltrán Pérez; el subdirector de IDEA, José Antonio Jiménez de León; el director de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, José Luis Alcaraz; o el gerente del Consorcio de Transportes, Juan Carlos García, entre otros.
A todos ellos ha pedido que “confíen en la Administración andaluza porque la Administración andaluza confía en nuestras empresas”.
Durante su intervención, el consejero ha defendido que “para construir una Andalucía líder es necesario ser eficiente, buscar todos los recursos que nos permitan invertir en mejorar los servicios que prestamos a los andaluces y las empresas son un factor clave para ese objetivo. “La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Gobierno de la Junta en general quiere colaborar en todo lo que podamos mejorar a Andalucía con la empresa privada andaluza y española, desde la transparencia, el absoluto respeto, la seguridad jurídica y el convencimiento de que trabajando juntos vamos a hacer que avance más Andalucía”, ha subrayado.
En este sentido, ha añadido que para que Andalucía sea líder “necesitará una Justicia que funcione, unos equipamientos judiciales a la altura de las necesidades de la comunidad autónoma, que es la que tiene más partidos judiciales y la segunda con mayor litigiosidad”.
Nieto se ha referido al Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 que “no tiene como objetivo crear edificios sino crear un nuevo ecosistema” para la Justicia en Andalucía, además de servir como “un laboratorio de pruebas con varias vías de financiación” como la concesión de obra pública, una fórmula prevista en la Ley de Contratos Públicos que ha sido poco explorada y con la que se van a construir las Ciudades de la Justicia de tres capitales que aún no tienen: Cádiz, Huelva y Jaén.
No obstante, también ha aludido a la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones ya que, junto a las empresas, ha señalado que las administraciones locales son “el otro soporte básico en la mejora de la Justicia y la reforma integral de la Administración Pública apoyada en la eficiencia, la eficacia y volcada en acompañar al ciudadano”.
El Plan de Infraestructuras Judiciales movilizará en total 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces.
Además de la colaboración público-privada y la colaboración público-pública, otra vía de financiación prevista para el Plan es la venta de sedes en desuso para reinvertir los beneficios en las actuaciones previstas.
Nieto ha confiado en poder “demostrar juntos que esta osadía que hemos tenido en Justicia se puede extender al resto de áreas” del Gobierno andaluz. “El presidente siempre nos dice atreveros a cambiar, atreveros a buscar otras vías. Si la empresa andaluza es capaz de atreverse, juntos vamos a conseguir esa Andalucía líder”, ha concluido su intervención.
Por su parte, el gerente de Gaesco ha calificado de “privilegio” la participación de Nieto en este foro y la presencia también de Paradela y ha defendido que “los empresarios de la construcción estamos apostando de manera decidida por participar en la solución de los problemas que tiene Andalucía, no solo en infraestructuras tradicionales como la red viaria y ferroviaria sino en multitud de necesidades”. En este sentido, ha valorado que el Decreto de simplificación administrativa aprobado por la Junta “ha abierto la posibilidad de que empresas privadas puedan participar en proyectos como aparcamientos e infraestructuras básicas”.
