Circular 23 de febrero de 2017.- Plan de Pago a Proveedorres. Reclamación intereses de demora

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Sevilla, 23 de Febrero  de 2017

                                  

 

JA/MF-C/68

Sección: Gerencia       

 

 

 

Muy Srs. nuestros:

 

Con objeto de tenerles debidamente informados, les comunicamos que  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se ha pronunciado sobre la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia, acerca de la interpretación de la Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el marco de un litigio promovido contra el Servicio Murciano de Salud en relación con la negativa de éste a abonar los intereses de demora y los costes de cobro, alegando que el acreedor, para el cobro del principal de la deuda, se acogió voluntariamente al mecanismo extraordinario de financiación creado por el Gobierno, y que la renuncia a los intereses y a los costes del cobro se produjo con posterioridad al nacimiento de la deuda.

 

Para abordar la resolución del conflicto, el TJUE parte de dos premisas. Por un lado, que la Directiva 2011/7/UE no hace una armonización completa del conjunto de normas relativas a la morosidad en las transacciones comerciales, sino que sólo enuncia determinadas reglas en la materia, entre las que figuran las relativas a los intereses de demora. De otro lado, que su competencia no alcanza a dirimir sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni para juzgar si la interpretación que hace de ellas el órgano jurisdiccional nacional es correcta.

 

A partir de estas premisas, el TJUE señala que la Directiva obliga a los Estados miembros a disponer cuándo una cláusula contractual, o una práctica relacionada con el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de cobro, es manifiestamente abusiva para el acreedor, señalando que se presumirá manifiestamente abusiva cuando excluya el pago de dichos intereses o la compensación por los costes de cobro. Es decir, el contenido de tales disposiciones comunitarias se limitan a garantizar al acreedor el derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, y a ello responde la imposibilidad de que el ejercicio de ese derecho pueda excluirse por vía contractual, impidiendo de esta forma que se abuse de la libertad contractual.

 

Por tanto, el TJUE concluye que del contenido de la Directiva no cabe deducir que la misma se oponga a que el acreedor renuncie libremente al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, siempre que dicha renuncia se consienta por el acreedor de manera libre y no constituya un abuso de la libertad contractual del acreedor imputable al deudor. A tal efecto, y en relación con el conflicto que desencadena la cuestión prejudicial planteada, para apreciar si la renuncia ha sido libremente consentida es preciso asegurarse, de que el acreedor haya dispuesto realmente de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos intereses de demora y los costes de cobro, extremo que incumbe comprobar al Juzgado nacional remitente de la cuestión planteada.

 

En definitiva, y a modo de conclusión, este pronunciamiento del TJUE es fatal para las empresas, ya que puede ser utilizado como cobertura para justificar y amparar ciertas prácticas, y desencadenar un incremento de la litigiosidad.

 

 

ANEXO: Se adjunta la sentencia.

 

 

 

 

Fdo.: Juan Aguilera Ruiz