Circular 22 de febrero de 2021. MEDIDAS DE AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

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Sevilla, 22 de febrero de  2021

 

 

Ref: JA/MF-C/149

Sección: Gerencia

 

 

Muy Sres. nuestros:

 En el BOJA de hoy, se ha publicado el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La gravedad de la pandemia de COVID-19, ha dejado registrado en el 2020 en Andalucía una caída histórica del 10,3% del PIB (7 décimas menos que la media de las Comunidades Autónomas españolas (-11%)). Las expectativas para 2021 son de una mejora notable, sustentada en el proceso de vacunación en marcha que progresivamente permitirá la retirada de las medidas más restrictivas y una vuelta a la normalidad. A este escenario económico contribuye de forma decisiva la aportación financiera de la Unión Europea a los Estados Miembros a través de los Fondos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea («Next Generation EU»), que harán llegar a nuestro país una cantidad cercana a los 80.000 millones de euros en transferencias y una dotación adicional en forma de préstamos.

El contenido de este Decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos y de extraordinaria urgencia, que requieren su aprobación inmediata, para responder con la mayor rapidez posible a las exigencias que conllevará la tramitación de los proyectos financiados con fondos europeos, creando las condiciones oportunas para gestionar los mismos de una manera ágil, eficaz y eficiente, que garantice su inversión en las necesidades económicas y estructurales más necesarias y en el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo, el impulso de la inversión y el apoyo al tejido productivo.

Los principales objetivos serán simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones, agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestos, gestión, ejecución y control de las iniciativas, y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia.

El decreto ley recoge medidas que contribuyen a dotar de mayor agilidad la tramitación de esos proyectos, estableciendo uniformidad para la gestión de los fondos europeos. En este sentido, resulta necesario establecer una estructura de coordinación que supervise el proceso de gestión y ejecución y que tenga capacidad para establecer alertas tempranas ante posibles eventualidades, sin renunciar a herramientas de control eficientes.

Así, se crea la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que será la encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos, y que estará apoyada por la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos como unidad administrativa técnica especializada.

En el ámbito de las subvenciones relacionadas con el uso de los fondos europeos, se simplifica su tramitación y se prioriza el régimen de justificación de las mismas a través de módulos estrechamente ligados a los objetivos de las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar las personas o entidades beneficiarias.

Además, se pretende fomentar la tramitación electrónica a través de sistemas de adhesión a convenios de colaboración social con colegios profesionales, organizaciones sociales, económicas, laborales o empresariales y con empresas, distribuidos en todo el territorio andaluz, para la solicitud y presentación de subvenciones. Esto permitirá una mayor proximidad a la ciudadanía, favoreciendo la captación y canalización de proyectos estratégicos, e impulsando la telematización y evitando desplazamientos innecesarios.

El decreto ley recoge, en materia de convenios, la adopción de medidas de simplificación y agilización en la tramitación de los mismos, así como la prolongación de su duración vinculada a la de los proyectos que los justifican. Además, prevé la posibilidad de pagos anticipados por operaciones preparatorias, hasta el límite máximo del 50% del total a percibir.

En materia de gestión de personal, se prevén las acciones necesarias para reorganizar los efectivos en función de las necesidades de personal relacionadas con la ejecución de proyectos. Además, se reconoce la posibilidad de retribución extraordinaria por consecución de objetivos mediante productividad u otras retribuciones variables.

Destacamos:

– Disposición adicional tercera sobre especialidades en materia de evaluación ambiental en los proyectos financiados mediante fondos europeos.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se entenderá que concurren circunstancias excepcionales, sin necesidad de que el Consejo de Gobierno dicte acto motivado al efecto, en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante los fondos europeos regulados en este Decreto-ley, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente. El órgano sustantivo deberá motivar la concurrencia de dichas circunstancias en el correspondiente acuerdo de inicio.

– Disposición Final Tercera que en materia de evaluación ambiental recoge como especialidad para los proyectos financiables total o parcialmente mediante fondos europeos, la posibilidad prevista por la normativa estatal de excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental. Para ello se concretan como supuestos excepcionales que habilitan para dicha exclusión aquellos proyectos que siendo financiados con fondos europeos, contemplen variables medioambientales y de eficiencia energética y que no supongan incrementos de volumen y superficie de edificación. Con esta finalidad es necesario modificar la normativa autonómica contenida en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para incluir una nueva disposición que prevea esta posibilidad de excepcionar la evaluación de impacto ambiental.

El presente Decreto-ley entra en vigor el día siguiente a su publicación.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente,

 

Fdo.: Juan Aguilera Ruiz