Circular 1 de febrero de 2017 . Plazo pago obligaciones de la Junta de Andalucia y derecho garantia

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Sevilla, 1 de Febrero  de 2017

                                  

 

JA/MF-C/39

 

Sección: Gerencia       

 

 

 

Muy Srs. nuestros:

 

Con objeto de tenerles debidamente informados, les comunicamos que   el pasado 20 de enero publicaba el Decreto 5/2017, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.

 

De la tramitación de esta norma ya se dio información acerca del contenido de sus determinaciones más sobresalientes (CCA 16/2016, de fecha 15.06.16), e incluso se avanzaba un conjunto de consideraciones críticas sobre el buen fin de las medidas que entonces se proponían para reducir los plazos de pago de las obligaciones económicas que derivan de la prestación de servicios públicos esenciales, caso de la salud, la educación y los servicios sociales.

 

La norma finalmente publicada introduce algunas variaciones respecto del borrador inicial, si bien en lo sustancial no se aprecian cambios significativos. Advertir de la errata consistente en la omisión de la Disposición Adicional Primera (En los borradores regulaba el convenio de adhesión de las Universidades Públicas andaluzas).

 

Según expresa el legislador en la exposición de motivos, la norma tiene por finalidad reducir el plazo de pago previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 a 20 veinte días naturales, bien entendido que esta  reducción no comporta, en ningún caso, una modificación del mismo (Disposición Adicional Séptima). De hecho este plazo reducido sólo tendrá efectos en cuanto al ejercicio del derecho de garantía que se crea (Artículo 4, apartado 1).

 

En realidad la norma lo que regula es un derecho de garantía que el acreedor puede ejercer caso de que el pago no se efectúe dentro de ese plazo reducido, cuyo abono se instrumentará a través de una entidad de crédito (La norma incorpora un anexo en el que se relacionan las obligaciones económicas cubiertas por el derecho de garantía)

 

Sin menoscabo de la buena intención del derecho que se crea, el problema radica en los mecanismos para su ejercicio, y los procedimientos que articula para su efectiva realización, tanto de gestión como de ejecución y control presupuestario.

 

A modo de síntesis, para hacer efectiva la garantía de pago el proveedor debe iniciar el procedimiento una vez transcurrido el plazo reducido de 20 días naturales sin que se haya realizado el pago; plazo que se contará (Artículo 4.3) a partir del día siguiente a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad  de los bienes entregados o servicios prestados conforme a lo establecido en la norma aplicable (En los contratos sujetos al TRLCSP el plazo es de 30 días naturales), el contrato, el convenio o el concierto correspondiente, o desde la fecha de presentación de la factura si ésta tiene lugar con posterioridad a la conformidad (Si la factura se rechaza por reparos o deficiencias el plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la nueva factura). Para el caso de que no esté previsto un procedimiento de conformidad/verificación, el plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la factura.

 

El procedimiento se inicia mediante la reclamación de pago que el proveedor presente por medios electrónicos (Debe cumplir unos requisitos mínimos). A partir de su presentación, la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad dispone de treinta días hábiles (Artículo 13.3) para resolver y notificar sobre la reclamación (El plazo se computa a partir de la fecha de entrada de la reclamación en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía). Durante este período la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras (Órgano de nueva creación encargado de velar por la efectividad del derecho de garantía) realizará una serie de actuaciones que serán determinantes para la resolución de la reclamación, que contendrá algunos de los siguientes pronunciamientos (Artículo 12.4):

 

*Fecha  prevista de pago por la Tesorería competente

 

*Imposibilidad del pago por causas ajenas a la Administración (Falta de datos bancarios, embargos, retenciones, compensaciones, débitos del proveedor en período ejecutivo de derechos a favor de la Junta de Andalucía; entre otros motivos e incidencias)

 

*Resolución estimando el reconocimiento del derecho de garantía (Está previsto que se dicte cuanto la Tesorería competente no esté en condiciones de fijar la fecha prevista de pago)

 

Los efectos de cada uno de estos pronunciamientos es muy distinto (La norma no contiene ninguna prevención para el caso de que transcurra el plazo para resolver y no se dicte la resolución, por lo que habrá que estar a lo dispuesto en la ley 39/2015, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

 

En el primer caso, el proveedor-acreedor deberá aquietarse a la fecha prevista para el pago; en el segundo no le cabe otra opción que ejercitar el recurso potestativo de reposición o el correspondiente contencioso administrativo (Artículo 14), o desistir de la reclamación; y sólo en el tercer supuesto cabe que se haga efectivo y se materialice el derecho de garantía, para lo cual el proveedor-acreedor debe seleccionar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, una de las entidades de crédito con las que la Junta de Andalucía tenga suscrito operaciones de crédito a corto plazo (Artículos 12.4.b y 15.2), y obtener una acreditación positiva de pago que deberá realizar ante la entidad de crédito seleccionada dentro de los dos días hábiles siguientes desde su expedición (Artículos 12.4.b; 13.4 y 15,1).

 

Expuesto lo anterior, la norma contiene otras determinaciones que conviene conocer:

 

1ª- El derecho de garantía será operativo a partir del próximo 20 de marzo, fecha de su entrada en vigor, y no será de aplicación a las obligaciones económicas nacidas con anterioridad a dicha fecha (Disposiciones Final Cuarta y Transitoria Primera).

 

2ª- La posible ampliación de este derecho a otras obligaciones económicas, bien de los sectores ya comprendidos en su ámbito de aplicación, bien de otros sectores (Disposición Adicional Segunda).

 

3ª- La suspensión temporal del derecho de garantía cuando concurran circunstancias excepcionales (Disposición Adicional Tercera).

 

Finalmente, reiterar lo dicho en la comunicación referenciada al principio, en el sentido de que una progresiva y gradual reducción de los plazos de pago no debe sustentarse en un mecanismo que atienda a criterios de preferencia en función de la naturaleza de las obligaciones económicas y/ sectores de actividad, sino que debe responder a criterios der eficacia y de eficiencia en el control y la gestión presupuestaria, en aras de que repercuta de manera positiva sobre la competitividad de las empresas y de la economía.

 

Por último, la norma carece de una memoria económica que cuantifique su repercusión en términos de costes.

 

 

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

 

Fdo.: Juan Aguilera Ruiz